En un gesto abiertamente proselitista y en clara violación de la normativa electoral, el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, encabezó este miércoles la inauguración del paso a nivel de calle Mendoza, a solo cuatro días de las elecciones municipales en las que buscará su séptimo mandato consecutivo como jefe municipal de la ciudad que maneja desde hace 24 años. 

Pese a que la Ley Provincial Nº 12.080 prohíbe expresamente la realización de actos inaugurales de obras públicas dentro de los quince días previos a un comicio, el jefe municipal no dudó en poner en escena un corte de cinta con tono de campaña, disfrazado de gestión, dispuesto a sostener el régimen a toda costa. El acto, que tuvo lugar a las 17 horas, incluyó discursos, presencia de funcionarios y promoción oficial en redes sociales.

La obra, que permitirá el paso de vehículos livianos y busca descongestionar la circulación en calle Córdoba, fue presentada como “una solución para la ciudad”, en una puesta en escena que evidencia, una vez más y como es costumbre en la localidad desde hace más de dos décadas, el uso del aparato estatal con fines electorales. “Hoy uno de los cuatro pasos a nivel gestionados queda habilitado para darle solución al tránsito y a la ciudadanía”, señalaron desde el gobierno, sin disimular el intento de capitalizar políticamente la intervención.

El artículo 6º de la ley es claro: “Queda prohibido durante quince (15) días anteriores a la fecha fijada para el comicio, la realización de actos inaugurales de obras públicas”. A su vez, establece sanciones económicas para los funcionarios que autoricen o consientan estos actos.

También se establece que “durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno en cualquiera de sus niveles y categorías, no podrá contener elementos que promuevan la captación directa del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a

cargos públicos electivos”. Algo que De Grandis viene violando sistemáticamente durante toda la campaña. 

Con esta nueva maniobra, De Grandis no solo quebranta la legislación electoral vigente, sino que instala un preocupante precedente: el uso discrecional de la gestión pública para intentar torcer la voluntad popular a días de una elección. En lugar de respetar la equidad democrática del proceso electoral, el intendente sigue decidido a jugar con ventaja, como lo viene haciendo desde hace años.  

El episodio ya generó cuestionamientos en distintos sectores de la política local, que consideran que este tipo de maniobras buscan influir directamente sobre el electorado a tan pocos días de los comicios y no descartan avanzar con presentaciones ante la Justicia Electoral, aunque también se podría esperar una actuación de oficio teniendo en cuenta la publicidad del evento.